El
proyecto de ley que radicó el senador del Partido de la U, Juan Carlos Vélez,
reglamentando la prohibición, porte y consumo de drogas, reavivó el debate
acerca de qué hacer con los adictos a los estupefacientes en el país.
Este
asunto ha sido siempre un tema tabú en Colombia debido al alto impacto que ha tenido el narcotráfico.
El
pasado Gobierno decidió penalizar la dosis mínima de estupefacientes, excepto
en el caso de la cocaína, la marihuana y el bazuco (2, 30 y 30 gramos como
máximo de cada una).
En
realidad fue un acto de mediana coherencia, pues no es lógico que por un lado
se deje al individuo consumir una cantidad de estupefacientes avalada por el
Estado pero, por otro lado, se castigue el narcotraficante que produce y
comercializa toda la droga.
Sí,
y de mediana coherencia porque se debió reglamentar todo tipo de alucinógeno y
no solamente las drogas que más se consumen.
Antes se castigaba al que producía pero no al
que consumía, entonces, ¿a qué jugaban? ¿De dónde creían que venía la droga?
¿La traía la cigüeña de París?
Decidir
qué pueden y qué no pueden consumir los ciudadanos puede llegar a ser
considerado como un elemento para limitar las libertades, pero así mismo, poner
en claro las reglas de juego, hace parte del rol paternalista del Estado.
No
es lo mismo una persona que consume drogas a la que las vende, pero a las dos
se les tiene que castigar.
Sin
ínfulas de querer la más rigurosa de todas, en el caso de la universidad, luego
de brindarle asesoría psicológica y de haber investigado a fondo la situación,
si tuviera el poder para hacerlo, hablaría con la Policía para saber cómo
actuar (aunque bueno, muchas veces, ellos tampoco saben como hacerlo).
Ahora
bien, ¿los drogadictos son delincuentes o enfermos?
El
drogadicto, antes de ser delincuente, es un enfermo, un adicto con un problema
que tiene que ser solucionado por medio de un acompañamiento que lo ayude a no
caer de nuevo.
Primero,
se les debería decomisar toda sustancia psicoactiva que posean, y luego, sí
enviarlos a algún lugar para poder ayudarlos.
Así
como hay quienes pueden mandar a sus familiares a centros privados de atención,
sería bueno pensar en aquellos que no tienen los medios para hacerlo.
Qué
bueno sería tener en cuenta que solamente el 7% de las personas con algún tipo
de adicción logra salir por completo de ella.
Ojalá
algún día el Estado decida ayudar para que esa calamitosa cifra cambie y más
ciudadanos puedan ver la luz al final de ese oscuro túnel que muchas veces solo
lleva a la muerte.
Mucho
mejor sería si el Estado no solamente se dedicara a castigar en medio de su papel
paternalista, sino también a ayudar a que el enfermo, en este caso el
drogadicto, no cometa delitos y caiga en el círculo vicioso de consumir y
consumir drogas.
Pasaría
a tener un papel no de papá que regaña, sino también que enseña y protege de
forma adecuada para que los centros resocializadores no se conviertan en
miniuniversidades del delito, como suele pasar.
Muchos
dirán que nadie les dijo que se metieran en ese mundo y que la sociedad no
tiene porqué pagar las consecuencias de dicho problema.
Si
bien pueden tener algo de razón, no veo por qué no podemos dejar todo eso de
lado y empezar a ser solidarios.
